Los Rohingyá: Apátridas en  Myanmar 

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 En el año 1954, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR-ONU) redactó la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, proporcionando importantes normas básicas de tratamiento para las personas que califican como tales. La definición allí establecida, designa como apátrida a “toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”. La etnia minoritaria musulmana Rohingyá, que habita en la actual República de la Unión de Myanmar (ex Birmania), constituye una de las comunidades apátridas más importantes del mundo. El largo desarrollo de un conflicto profundamente arraigado los ha convertido en una de las minorías de mayor vulnerabilidad, que al día de hoy se encuentra sometida a la persecución y exclusión sistemática, segregados del resto de la población.

 

 

DESARROLLO

 

La historia de los Rohingyá es objeto de disputa y coexisten dos interpretaciones en conflicto respecto de esta comunidad.

La postura oficial del Gobierno de Myanmar es el no reconocimiento de los Rohingyá como ciudadanos, ya que considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh, que emigraron al oeste de su país, mayormente a partir del siglo XIX con la ocupación británica. Sostienen que para aumentar la mano de obra disponible en actividades agrícolas, los colonizadores británicos alentaron la migración de población desde la zona de la entonces Bengala occidental. Así, la población musulmana de la región fue aumentando. En este escenario, comenzaron a surgir conflictos con el resto de los habitantes birmanos de la zona, de religión budista. Por otro lado, argumentan que durante la Segunda Guerra Mundial los Rohingyá se sirvieron del conflicto global y los recursos materiales brindados por los ingleses para arrasar aldeas budistas, quienes se habían inclinado por los japoneses en la contienda. Perseguían el objetivo de formar un Estado de carácter islámico en el norte de Birmania, para fusionarlo con el entonces sector oriental de Pakistán, debido a la afinidad religiosa. Como esta idea no prosperó por causas diversas, a partir de 1947 transforman su meta en la creación de un Estado independiente en Rakhine.

 

Con la Ley de Unión de Ciudadanías de 1948, el gobierno identificó las razas indígenas de la entonces Birmania que tenían derecho a la nacionalidad y los Rohingyá no figuraban entre ellas. No obstante ello, permitía que aquellos que pudiesen documentar la presencia de al menos dos generaciones en el país, accedieran a documentos de identidad. Más tarde en 1982, a través de una nueva legislación emitida, esta postura se radicaliza y se les niega una vez más la ciudadanía, ya que los aspirantes debían de aportar pruebas concluyentes de que sus ancestros se asentaron en la ex Birmania en épocas remotas, además de su fluidez en alguna lengua nacional. Ambos requisitos han sido complejos de cumplir para la comunidad. De este modo, los Rohingyá se convierten definitivamente en apátridas. En el año 2014, las autoridades del país realizaron el primer censo en 30 años, dejando sin reconocimiento a esta minoría étnica. Estos acontecimientos han implicado la privación de sus derechos fundamentales y su exclusión sistemática, forzando desplazamientos internos y migraciones.

Por su parte, los propios Rohingyá sostienen que son originarios de Myanmar, tal como refleja la Declaración del 4to Congreso de la Organización Nacional Arakan Rohingya (ARNO)1 del año 2008. Allí relatan que los Rohingyá y Rakhine son indígenas de Arakan y, por lo tanto, del territorio de Myanmar. Antes de 1785 D. C., Arakan existió como una nación independiente durante muchos siglos. Los Rohingyá se describen a sí mismos como descendientes de comerciantes moros, árabes y persas que se establecieron en la región hace muchas generaciones, entre el siglo IX y el siglo XV. Asimismo, podría afirmarse que hay cierta evidencia histórica de población musulmana que ha vivido en la zona por cientos de años, coexistiendo pacíficamente con budistas Rakhine. De hecho, después del año 1430, los reyes Arakaneses, aunque budistas ellos, utilizaron nombres y títulos musulmanes, emitiendo a su vez medallones con la confesión de fe islámica.

 

Los Rohingyá hablan un dialecto bengalí, con palabras tomadas del persa, del urdu y del arakanese. Después de la independencia birmana, en virtud de la toma de posición durante la Segunda Guerra Mundial, los Rohingyá sostienen que cuando los británicos se ausentaron, algunos de ellos se levantaron en armas exigiendo un estado independiente por temor a las represalias de los budistas, y el ejército birmano fue enviado para sofocar la rebelión.

La campaña Rey Dragón de 1978 para controlar a los inmigrantes ilegales incluyó allanamientos de barrios musulmanes y arrestos arbitrarios, iniciándose así el primer gran éxodo de miles de Rohingyá hacia Bangladesh. Se estiman que en esa ocasión emigraron cerca de 200.000, asentándose principalmente en la zona de Cox´s Bazar.

Actualmente, la ARNO (la organización representativa del pueblo rohingyá que surgió en noviembre de 1998, después de la fusión de todas las organizaciones políticas Rohingyá existentes, para lograr el “derecho a la autodeterminación” del pueblo Rohingyá) posee como objetivo medular lograr el derecho a la autodeterminación del pueblo Rohingyá dentro de la federación birmana, para preservar su historia ancestral y su cultura étnica.

 

LOS ROHINGYÁ HOY

 

Los sucesos desarrollados, han colocado a los Rohingyá en una situación extremadamente sensible, y muchos se han visto obligados a exiliarse de Myanmar como la única opción posible para garantizar su supervivencia. Los países vecinos han sido los destinos habituales, alojando en su conjunto a más de 2 millones de Rohingyá desplazados de sus hogares a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Bangladesh ha sido el más habitual, debido a su frontera con el estado de Rakhine (principalmente la región de Cox’s Bazar) y a la similitud de su idioma.

Según  cifras  estimativas  de  diversas  agencias  internacionales,  actualmente   unos 200.000 Rohingyá residen en Pakistán, y en igual número lo hacen en Arabia Saudita. Malasia supone albergar otros 40.000; lo mismo la India. Por su parte, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos alojan aproximadamente 10.000 Rohingyá cada uno. Indonesia, el país con mayor cantidad de habitantes musulmanes, contabiliza alrededor de 5.000, constituyendo la provincia de Aceh un caso positivo de acogimiento, ya que diversos testimonios brindados a los organismos internacionales indican que los acehneses están dispuestos a refugiarlos de manera permanente.

 

Algunos de los países nombrados con anterioridad los han tratado con mayor dureza, enviándolos a regiones precarias o intentando devolverlos a Myanmar, negándose a legitimar su condición de refugiados. Estos mismos Estados deben lidiar con sus problemas domésticos, tal es el caso de Bangladesh que es uno de los más pobres del mundo, y también uno de los más densamente poblados, con 157 millones de personas.

En consecuencia, algunos sectores de la minoría Rohingyá han radicalizado sus posturas, optando por la violencia como alternativa válida para visibilizar sus reclamos.

 

En el mes de agosto de 2017, militantes musulmanes coordinaron ataques contra bases militares y puestos de la policía del Estado de Myanmar, dejando como saldo alrededor de 70 muertos. Ello ha provocado la respuesta inclemente del ejército de Myanmar, que debido a la represión violenta ejercida sobre la comunidad, ha generado los recientes desplazamientos masivos de refugiados en los meses de agosto, septiembre y octubre.

Según el World Factbook de la CIA, en esta instancia más de 600.000 Rohingyá huyeron a Bangladesh, sumándose a los alrededor de 300.000 que se habían instalado allí en crisis previas.

 

La situación humanitaria es alarmante, mientras el gobierno de Myanmar impide operar a las organizaciones internacionales de forma ocasional, Bangladesh cierra sus fronteras aleatoriamente. Según informes de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el Programa sobre Aplicaciones Operacionales de Satélite de la ONU (UNOSAT) indicó que había identificado 20,7 kilómetros cuadrados y 4800 estructuras de destruidas por el fuego en los municipios de Maungdaw y Buthidaung, zonas habitadas por musulmanes; asimismo, advirtió la posibilidad de que esa cifra sea incluso inferior a la escala general de destrucción e incendios, ya que las densas nubes afectaban lo que los satélites podían detectar.

 

Los informes de Naciones Unidas a lo largo de varios años, respecto de la situación de los derechos humanos en Myanmar, reflejan que si bien durante los períodos examinados, el país continuó con su programa de reformas, y siguió con los esfuerzos para lograr un alto el fuego en todo el país y crear un marco conducente al dialogo político, la tensión en el estado de Rakhine no disminuyó. Asimismo, se presenció en todo el país un resurgimiento de las arraigadas tensiones étnicas y religiosas, que han dado lugar a nuevos actos de violencia (Organización de las Naciones Unidas, 2014).

Según refleja la página oficial de la ONU en Septiembre de 2017, el ACNUR intensificó su actividad tratando de organizar en coordinación con el gobierno bengalí, un nuevo campo de desplazados. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por la salud de los refugiados, afirmando que el agua y saneamiento son un verdadero reto que incrementa la posibilidad de transmisión de enfermedades. El cuidado de los heridos es otro de los inconvenientes principales y el índice de vacunación de niños es muy bajo, mientras que el de desnutrición se encuentra alrededor del 21%. Por su parte el UNICEF Child Alert de octubre de 2017, recogió diversos testimonios que reflejan mujeres violadas o heridas, y niños con trauma producto de las experiencias vividas. Cerca del 60% de los refugiados son menores y muchos se han visto separados de sus familias o han huido solos.

 

Por otra parte, el informe de los Derechos Humanos en Myanmar del Secretario General de Naciones Unidas con fecha agosto de 2014, refiere que no ha habido progresos  en las negociaciones en curso entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno sobre el establecimiento de una oficina en Myanmar, la cual haría posible una mejor cooperación entre Myanmar y las Naciones Unidas en la promoción de los derechos humanos en el país.

 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) solicitó en octubre de 2017, 120 millones de dólares para proveer de asistencia a los refugiados (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Apenas un 10% de los refugiados en suelo de Bangladesh, están bajo protección del ACNUR. Nuevos asentamientos espontáneos emergen día a día y los riesgos se multiplican.

 

 

Para evaluar la dimensión de este fenómeno, debemos mencionar por ejemplo los acontecimientos ocurridos durante el año 2015 en el mar de Andaman. Allí, las redes trasnacionales de tráfico de personas ofrecen sus servicios a una desesperada población Rohingyá, que engañada por estas organizaciones criminales acceden a embarcarse con rumbo a países vecinos, pero su destino verdadero es un campamento de rehenes desde donde luego se les exige un pago por su liberación a sus familiares. Otros, tal como sucedió ese año, quedaron a la deriva en barcos sin tripulación, y los países más cercanos no accedieron a recibirlos durante un tiempo extenso (Diario El País, 2015).

 

 

Los budistas de Rakhine por su parte, han tenido actitudes islamófobas, reforzando el discurso de que los Rohingyá tienen vínculos potenciales con el islamismo radical. En el año 2012, muchos monjes budistas participaron activamente en el incendio de aldeas musulmanas y mezquitas (Diario El Mundo, 2017). Existen versiones de que la ARNO se encontraba entre los grupos que fueron entrenados en campamentos de Afganistán por Al Qaeda y están activos en Myanmar y Bangladesh (Ahmed, 2011). Versiones contrarias indican que esto es un mito conveniente y funcional al gobierno de Myanmar y al de Bangladesh, a los que el aumento en la preocupación pública respecto de la seguridad permite justificar las restricciones impuestas y la vigilancia. Estas interpretaciones argumentan que las conexiones extremistas están basadas en evidencia de dudosa procedencia y credibilidad (Diario The Diplomat, 2015).

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