La política de seguridad de Japón y el balance de poder regional.

japan naval blog

Hace menos de un mes el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, logró que el parlamento apruebe una ley para “normalizar” las fuerzas militares de su país. La ansiedad que producen en el gobierno el incremento del poder militar chino, las continuas amenazas de Corea del Norte y las dudas con los EE.UU. sobre el futuro de su alianza bilateral, generan incentivos para que Japón “normalice” su anacrónica política de seguridad que le prohíbe, desde 1947, actuar militarmente fuera de su territorio.

Estos tres factores son una buena oportunidad, si bien riesgosa, para que Japón vuelva a tomar un papel preponderante en la región y genere un balance de poder con China. El riesgo radica en la dificultad de conseguir un equilibrio regional que no produzca un dilema de seguridad entre las dos potencias asiáticas. Sin embargo, la única manera de estabilizar la creciente tensión en la zona es que Japón aumente su poder relativo, no que lo disminuya.

Durante la guerra fría, la política de seguridad japonesa estuvo basada en su Constitución de 1947 que, en su artículo 9 —aún en vigencia—, declara: “[E]l pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales”. La razón de ser de esta autolimitación se encuentra en los múltiples delitos de guerra cometidos por las tropas japonesas en la Segunda Guerra Mundial y la decisión de Estados Unidos, al ocupar el país, de recomponer los lazos entre Corea del Sur, China y Japón. En las décadas siguientes, el alto umbral para reformar la constitución (dos tercios de los votos más un referéndum nacional), significó para cada gobierno que la única manera de cambiar la política de seguridad del país sea reinterpretando el artículo 9, desatando múltiples protestas de los grandes grupos pacifistas.

Estratégicamente, para EE.UU. esta última decisión tenía una doble intención. Por un lado, mantenía a los países asiáticos tranquilos de que las ambiciones imperialistas de Tokio no volverían a repetirse. Prohibir constitucionalmente la posibilidad de iniciar una guerra era el mejor reaseguro para los Estados Unidos de que la estabilidad y el crecimiento de la región podían comenzar a darse. Por otro lado, permitía a Washington mantener su poder en la región —a pesar de que la guerra había terminado—con la permanencia de sus fuerzas militares en Okinawa. El régimen stalinista en el norte y la guerra civil china en el oeste eran las dos amenazas vitales que los Estados Unidos se aseguraban mantener estables instaurando bases militares en Japón. Años más tarde, la campaña en la guerra de Corea fortaleció este razonamiento.

Para Japón, a pesar de no tener mucho poder de decisión, la estrategia también resultaba óptima. Al legarle a los Estados Unidos la defensa del país mediante un acuerdo de seguridad mutuo, Japón gozaba de la certeza de saber que sus enemigos no podían ni temerle ni atacarle. Por otro lado, el gobierno se ahorraba un importante gasto en defensa que le iba a permitir enfocarse en la reconstrucción económica del país, arruinado por la guerra. Esta política fue llamada Doctrina Yoshida en honor al primer ministro japonés de la posguerra, Shigeru Yoshida. La doctrina, en definitiva, delegaba la seguridad a los Estados Unidos para concentrarse casi exclusivamente en el crecimiento económico.

Durante la guerra fría la doctrina se mantuvo también de manera similar, porque los incentivos sistémicos seguían siendo los mismos que en 1950: la URSS todavía era la principal amenaza para Estados Unidos y Japón. Por otra parte, para 1970, Japón había recompuesto su economía y empezaba a competir por la primacía económica mundial frente a los Estados Unidos.

En Washington, mientras tanto, la política de seguridad nacional con Japón comenzaba a tener sus críticos entre aquellos que creían que Tokio estaba ejerciendo un free-riding frente las necesidades defensivas de EE.UU. De todos modos, mientras la amenaza soviética siguiera siendo lo suficientemente grande, no había incentivos para cambiar la relación entre los dos aliados.
A partir de 1991, tres factores certificaron la defunción de la Doctrina Yoshida.

En primer lugar, la caída de la Unión Soviética cambió notablemente los incentivos de los Estados Unidos para mantener su alta proporción de gasto en la defensa japonesa. Una alianza militar con un país que tenía prohibido constitucionalmente ir a la guerra no parecía más un buen acuerdo. El fin de la amenaza comunista cambiaba los incentivos de Estados Unidos dentro de la región, provocando un aumento en el poder de negociación frente a Tokio acerca del share de cooperación que cada uno tendría en su alianza bilateral. Cuando el Primer Ministro japonés argumentó en 1990 que su Constitución le prohibía cooperar en la Operación Tormenta del Desierto en Kuwait, hubo una fuerte crisis entre Washington y Tokio sobre el futuro de su alianza. Japón debía aumentar su participación en su defensa para no quedar aislado con su principal socio y aliado.

El segundo indicador de que la seguridad de Japón se veía más amenazada fueron las pruebas atómicas y balísticas lanzadas por Corea del Norte desde 1993. La naturaleza impredecible del régimen norcoreano y la ausencia continua de cualquier reducción sustantiva en el tamaño de su arsenal y sus fuerzas militares, aumentaron la percepción japonesa de Corea del Norte como un Estado enemigo. Esta amenaza contribuyó, por un lado, a un renacimiento del sentimiento nacionalista en Japón, y por otro, a una flexibilización de los límites para aumentar el rol de las fuerzas militares.

Finalmente, el ascenso de China llevó a Japón a percibir un aumento en las amenazas a su seguridad. Históricamente el país más poderoso de la región, China, reemergió después de la guerra fría como el principal opositor geopolítico de Japón. Las pruebas de misiles chinas y los ejercicios militares a gran escala sobre el estrecho de Taiwán en marzo de 1996, fueron importantes al momento de redefinir las Guías de Cooperación entre Japón y Estados Unidos en 1997. Otros indicadores incluyen un incremento del 300% del gasto militar en la última década; el despliegue naval en el mar de China oriental, vecino a Japón, donde se encuentran grandes reservas pesqueras y de hidrocarburos e importantes pasos marítimos; la extensión de la zona de identificación de defensa aérea en zonas también disputadas con Japón y, finalmente, las maniobras chinas en el mar de China meridional, que también amenazan a vecinos como Filipinas y Vietnam.

Estas razones han llevado a la relación entre los Estados Unidos y Japón a su punto más cercano para lograr la normalización militar. A pesar del rechazo de la opinión pública en Japón a cualquier cambio en la Constitución, Abe logró cambios importantes. Primero, incrementó el presupuesto militar por primera vez en once años. Segundo, creó el Concejo de Seguridad Nacional en diciembre del 2013. Tercero, en abril del 2014 eliminó su límite para exportar armas y anunció que las desarrollaría junto con otros países aparte de los Estados Unidos. Cuarto, reinterpretó el artículo 9 de la Constitución para permitir a las fuerzas militares defender aliados incluso si Japón no fuera atacado.

Más importante, sin embargo, son dos cambios radicales que se han sucedido en menos de un año. En primer lugar, Abe firmó en mayo del 2015 una nueva actualización de las Guías para la Defensa con Estados Unidos, poniendo por escrito los límites y posibilidades que la alianza les permite a ambos. Cambios importantes incluyen la posibilidad de Japón de derribar misiles dirigidos hacia los Estados Unidos y también ayudar a “cualquier país que tenga una relación cercana con Japón”, bajo la condición de que el ataque “amenace la supervivencia de Japón y muestre un claro peligro hacia el derecho de vida, la libertad y la persecución de la felicidad del pueblo japonés”. Si bien incluye un límite alto, da mucho lugar a la interpretación.

En segundo lugar, una ley para reinterpretar —no cambiar— la Constitución fue aprobada el mes pasado por la Dieta Nacional. Esta nueva ley da soporte logístico y permite a las fuerzas armadas japonesas participar en operaciones conjuntas con otros Estados. A pesar de que dos tercios de la opinión pública se oponen a la nueva ley y que muchos juristas creen que es inconstitucional, la ley dio por terminado un debate que lleva más de veinte años en el país.

La normalización de Japón podría generar un dilema de seguridad en la región con China. Tucídides, hace más de dos mil años, teorizó sobre la inevitabilidad sistémica de un conflicto entre el Estado hegemónico y la potencia ascendente. Cuando Atenas creció militar y culturalmente a lo largo de un siglo, era evidente que competiría con Esparta, el Estado más poderoso de la región, por la dominación regional. Esa, según Tucídides, fue la causa fundamental e inevitable de la Guerra del Peloponeso. A fines del siglo XIX, en la era Meiji (1868-1912), fue Japón la potencia ascendente en Asia. China y Rusia eran los dos Estados hegemónicos. El inevitable conflicto surgió con China en 1894 y con Rusia en 1905. La misma situación se dio también en el Pacífico entre Japón y EE.UU. en 1944.

En la situación actual, la lógica no parece haber cambiado demasiado. China es la primera potencia regional y teme que Japón, rearmado, vuelva a luchar por la hegemonía de Asia. Hay, sin embargo, una diferencia crucial. Lo que no existía en los conflictos anteriores era la presencia en la región de un Estado más poderoso —como podría haber sido Gran Bretaña en 1894 o 1905— que garantice la estabilidad. Una de las maneras de no caer en la trampa de Tucídides es que el hegemón mundial juegue un rol de policía y disminuya la necesidad de comenzar una competencia desestabilizante. Este tercer Estado siempre puede inclinar la balanza para alguno de los dos lados, previniendo grandes asimetrías de poder entre los dos rivales regionales. Los Estados Unidos suponen, por lo tanto, un actor primordial para mantener la paz entre China y Japón. La presencia de Barack Obama en las distintas instituciones regionales, los intentos por acercar a Corea del Sur con Japón, la posible firma del tratado de libre comercio con Asia y la decisión de volar por el espacio aéreo del mar de China meridional —un territorio que China considera suyo— son acciones bienvenidas que aumentan la presencia de los Estados Unidos en la región.

Por otra parte, Japón no debe dejar solo a Washington en esta situación. Debe aumentar su poder para que EE.UU. no quede como el principal rival de China y pueda jugar su rol de contrapeso; en otras palabras, aumentarlo para ser realmente la potencia emergente. Para que eso suceda, Japón necesita mucho más que una simple normalización militar. Debe primero resolver los problemas de su estancada economía, su enorme deuda, los grandes costos sociales que su baja tasa de fertilidad provoca y los deseos pacifistas —más bien idealistas— de la opinión pública. Tiene que resolver, además, problemas diplomáticos con sus vecinos. Los pueblos tanto de China como de las dos Coreas son muy sensibles a cualquier tipo de cambio ofensivo en la defensa japonesa. Estas cuestiones deben ser resueltas por el gobierno de Abe, porque el rearme de Japón es un factor clave para la estabilidad de Asia: para apaciguar los deseos expansionistas chinos y para dejar que Estados Unidos juegue su rol de árbitro sin competir directamente con China.

Para China la situación no debería ser contraria. Es cierto que el rearme de Japón será una limitación a su expansión. Pero más importante es evitar una guerra hegemónica abierta con Japón o con EE.UU. Esto podría darse si Tokio no se rearma y quedara aislado por no cooperar con Washington. China podría sentirse más segura en la región. Podría aumentar su retórica contra Japón sobre la soberanía de las Islas Diaoyu/Senkaku y el mar de China oriental, un importante reservorio de recursos pesqueros e hidrocarburos. Estas acciones, que en la actualidad ya se vienen dando, provocarían en Japón más miedo y en EE.UU. la necesidad de chocar directamente con China por la primacía regional. Como consecuencia, el miedo japonés podría llevarlo a tomar decisiones más impulsivas. Este posible escenario significaría para China, dada la eterna rivalidad con Japón, una causa suficiente para que la primera chispa ardiera. La presencia de EE.UU. en la región es necesaria para que esto no suceda. La razón es que resuelve los problemas de falta de información entre China y Japón. Ninguno de los dos países tendría preocupación de que el otro tomara actitudes asimétricamente ofensivas, porque la capacidad militar de EE.UU. siempre podría contrabalancearlo.

Con la ley aprobada el mes pasado, Japón dio su paso más firme hacia la normalización de su política de seguridad. Defendió así su relación con los Estados Unidos, compartiendo de manera más equitativa los costos de su alianza. A China, temerosa de un Japón solitario, esta situación le dio la tranquilidad que da saber que su enemigo histórico está bajo el ala de la primera potencia mundial. Mientras EE.UU. siga teniendo un interés tan grande en mantener su posición de influencia en el Asia Pacífico, China no sentirá una amenaza tan fuerte como la que podría provocarle un Japón que, sin una alianza efectiva con Estados Unidos, tuviera miedo de las probables acciones chinas. En el futuro, el crecimiento de China y la estabilidad en Asia seguirá siendo el tema más delicado, pero si Japón normaliza sus fuerzas militares, todos tendrán menos de qué preocuparse.

Back to Top