Emergencia en Seguridad y Derribo de Aeronaves: beneficios y riesgos

Finalmente, el 21 de enero del corriente año, el Gobierno Argentino declaró la “Emergencia en Seguridad Pública” mediante el Decreto N° 228/16. En sus considerandos, en razón de las consecuencias que tiene por sobre la salud, seguridad ciudadana y soberanía nacional, puede vislumbrarse la alta prioridad que el Gobierno pretende asignar a la elaboración de políticas que propicien el combate contra el narcotráfico y sus delitos asociados.
El plazo de su vigencia es de 365 días, pudiendo ser prorrogado en caso de ser necesario. Los alcances no se limitan al delito complejo y el crimen organizado, sino también a la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, contrabando de armas, delitos de fraude contra la Administración Pública, prostitución de menores y pornografía infantil, extorsión, trata de personas, financiación y asociación ilícita terrorista, etc. Asimismo se propiciará la sustanciación de acuerdos interministeriales, como convenios entre el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial de la Nación, como así también diversos acuerdos con los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Min. de Transporte, Min. de Defensa y Min. de Comunicaciones. Se creará además el Gabinete de Seguridad humana, el cual estará conformado por los Ministros de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y Desarrollo Social. El fin último es la coordinación de las competencias de las instancias implicadas.
Uno de los puntos más interesantes lo constituye el titulo segundo del Decreto en cuestión, el cual indica que se procurará en función de las necesidades operativas la adquisición de medios técnicos y tecnológicos para la zona de frontera, como así también la adquisición de material para la vigilancia y control de la frontera fluvial e hidrovías. En su Artículo N° 3, es interesante destacar que el “Operativo Escudo Norte” es reformado y renombrado “Operativo de Fronteras”, pasando a ser el mismo de carácter permanente. Recordemos que el Operativo Escudo Norte fue implementado por la anterior gestión a través del Decreto N° 1.091/11, siendo prorrogado en 5 ocasiones desde su implementación.

Mapa: Rutas de ingreso de la droga

Av2

Fuente: elaboración propia

Su objeto era la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de la frontera del norte argentino, en un contexto en donde la frontera norte fue frecuentemente vulnerada por los vuelos ilícitos provenientes de Bolivia y Paraguay. Los vuelos Ilícitos, mediante los cuales se introduce la droga para luego ser consumida y/o en parte enviada a sus respectivos mercados, no son un fenómeno aislado que atañe a la región norte del país, constituye solamente un eslabón de un fenómeno mayor que se sucede en toda Sudamérica. La eficiencia del Operativo Escudo Norte ha sido criticada reiteradamente por parte del arco político, como así también por parte de especialistas en materia de narcotráfico y defensa.Una de las críticas más frecuentes radicaba en que los radares primarios no estaban en permanente funcionamiento durante el día. Oportunamente en el Articulo N° 5, se insta al Ministerio de Defensa a tomar las medidas necesarias para garantizar una política de radarización en la frontera norte.

Foto: Radar primario

Radar - Minseg

Fuente: Ministerio de Seguridad

Retomando los alcances del Decreto en cuestión, se destaca el Articulo N° 9. En él se aprueban las “Reglas de Protección Aeroespacial” (RPA): en el punto RPA-3, se autoriza la demostración de fuerza, mientras que el punto RPA-4 se autoriza el uso de la fuerza por los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial con el fin de derribar o destruir los vuelos declarados hostiles, sean o no tripulados. Los intentos previos de una reglamentación de las características mencionadas han generado intensos debates en el ámbito político. De hecho, existieron desde el 2.004 diversos proyectos que no prosperaron, los cuales apuntaban a instaurar una Ley de Derribo; se puede mencionar las iniciativas de Jorge Capitanich (Partido Justicialista), Francisco de Narváez y Alberto Assef (Frente Renovador), entre otras.
La política contra el narcotráfico, y por ende, contra los vuelos ilícitos sigue conformando un desafío creciente tanto para el país, como para toda la región. Las nuevas autoridades nacionales, con la adopción de esta reglamentación ponen el sello final a la anterior política contra el narcotráfico que ha generado diversas críticas por sus resultados. La validez de la nueva estrategia, solo podrá evaluarse y someterse a un fehaciente análisis, cuando se obtengan los suficientes resultados que permitan afirmar u objetar su desempeño.

Concluyendo, dentro del marco de la Emergencia en Seguridad, se esgrime una nueva orientación de la estrategia contra el narcotráfico, en la cual se incluye la posibilidad del derribo de aeronaves mediante el Decreto previamente expuesto. Según se desprende en diferentes medios de comunicación, se espera que esta medida tenga un carácter disuasorio contra los vuelos ilícitos. Sin embargo, la disuasión es un punto delicado y no es fácil de lograr, sea esta de índole físico, supeditada a la capacidad del estado de realizar daños a un vuelo ilícito que pudieran resultar fatales o bien de índole psicológico cuando las personas objeto de la disuasión, dada la coyuntura, son forzadas a evaluar si en la comisión de un acto ilícito los beneficios superan a los costos.

Para que se suceda esta disuasión, deben cumplirse ciertas condiciones, vinculadas a la capacidad técnica real del ejercicio de la soberanía del Espacio Aéreo Nacional, como así también la capacidad de que las fuerzas policiales y de seguridad puedan montar operativos de despliegue inmediato en torno a las pistas o campos privados en donde se descarga la droga, resultando la radarizacion del Sector Norte Argentino un aspecto fundamental para monitorear estos vuelos, conjuntamente con los medios aéreos necesarios para interceptarlos. No obstante ello, debe mencionarse que la actividad de los vuelos ilícitos, continua desarrollándose aun en aquellos países donde ya se han adoptado la facultad de derribar vuelos, como Perú, Bolivia e incluso Brasil, por tanto los vuelos ilícitos siguen conformando un desafío tanto para el país, como para la región.

La adopción de la reglamentación en cuestión, ponen un sello final a la anterior estrategia contra el narcotráfico, la cual ha generado diversas críticas por sus resultados. La validez de la nueva estrategia solo podrá evaluarse y someterse a un fehaciente análisis, cuando se obtengan los suficientes resultados que permitan afirmar u objetar su desempeño.

Bibliografía
Decreto Nº 228/16 – “Emergencia de Seguridad Publica”. Disponible en: www.boletinoficial.gob.ar.
Foto Radar Primario. Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación.

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